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La Red de Carreras de Comunicaci\u00f3n Social y Periodismo<\/strong> (REDCOM) y la Federaci\u00f3n Argentina de Carreras de Comunicaci\u00f3n Social<\/strong> (FADECCOS), declaran ante la aprobaci\u00f3n de la Prestaci\u00f3n B\u00e1sica Universal de Servicios Comunicacionales (PBU):<\/p>\n <\/p>\n La demanda de conectividad producto del ASPO en pandemia puso de relieve la cantidad de derechos ejercidos a trav\u00e9s del soporte digital. El acceso a la educaci\u00f3n virtual, la implementaci\u00f3n de teletrabajo, el v\u00ednculo remoto con otras personas, la resoluci\u00f3n de tr\u00e1mites exigidos por las administraciones gubernamentales o el simple, pero no por ello menos importante, ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n requirieron de una conexi\u00f3n tecnol\u00f3gica. En tal sentido, los Estados nacionales de todo el planeta han venido problematizando si el acceso a la conectividad -y la reducci\u00f3n de la brecha digital- merec\u00eda la definici\u00f3n de servicio p\u00fablico, servicio esencial, derecho humano u otro. En cualquier caso, resulta evidente que los Estados no pueden permanecer impasibles ante un bien social carente de una distribuci\u00f3n igualitaria.<\/p>\n En el mes de agosto de 2020 el gobierno argentino firm\u00f3 el DNU 690 que defini\u00f3 a la telefon\u00eda m\u00f3vil, la TV por suscripci\u00f3n y la conectividad a Internet como servicios p\u00fablicos esenciales en competencia. Tal como se expresa en los considerandos del decreto, el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicaci\u00f3n por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijaci\u00f3n de reglas para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables a la totalidad de los y las habitantes de la Naci\u00f3n y que el Estado debe arbitrar los recursos normativos para su efectivo cumplimiento. Dicha definici\u00f3n, que tuvo el objetivo de un mayor control de parte del Estado en cuanto a calidad de servicio y tarifas, en consonancia con los lineamientos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de las recomendaciones de la CEPAL, vino acompa\u00f1ada por el establecimiento obligatorio de una prestaci\u00f3n b\u00e1sica universal (PBU).<\/p>\n En los \u00faltimos d\u00edas esa decisi\u00f3n fue seguida por la resoluci\u00f3n 1467\/2020 que dispuso los t\u00e9rminos de implementaci\u00f3n de la PBU, a trav\u00e9s de la cual las prestadoras del servicio deben ofrecer tarifas asequibles para amplios sectores de la poblaci\u00f3n en situaci\u00f3n de vulnerabilidad que ven restringidos sus derechos de conexi\u00f3n producto de barreras econ\u00f3micas.<\/p>\n Algo fundamental para revertir la brecha entre ciudadanas y ciudadanos conectados y desconectados.<\/p>\n En un contexto de alta concentraci\u00f3n, donde en cada uno de los tres sectores (telefon\u00eda m\u00f3vil, TV por cable y conectividad) los primeros dos operadores detentan m\u00e1s de 60% del mercado, la decisi\u00f3n fue silenciada o duramente criticada por las empresas. Algo previsible cuando una decisi\u00f3n estatal no s\u00f3lo no se dirige a incrementar sus ganancias,<\/p>\n sino que las puede afectar en funci\u00f3n de brindar un servicio para la mayor parte de la ciudadan\u00eda. Pero el universo de prestadores de servicios TIC caracterizado por esa fuerte concentraci\u00f3n de grandes prestadores -donde incluso uno de ellos con presencia significativa de mercado presta casi el 60% de la conectividad total- tambi\u00e9n est\u00e1 compuesto por m\u00e1s de 1200 Pymes y cooperativas que prestan servicios a poco m\u00e1s de un 30 % de la poblaci\u00f3n distribuida en el 70% del territorio nacional. En ese sentido, la reglamentaci\u00f3n diferencia a las empresas prestatarias de los servicios en funci\u00f3n de sus escalas, buscando garantizar pisos de rentabilidad que aseguren la prestaci\u00f3n del servicio, las inversiones necesarias y la sostenibilidad del sector.<\/p>\n No obstante, los t\u00e9rminos de la prestaci\u00f3n b\u00e1sica requieren una revisi\u00f3n permanente destinada al mejoramiento de los servicios, los costos, las inversiones y las tarifas. Para ello, corresponde al Estado la tarea de convocar con ese fin no s\u00f3lo a las empresas, sino tambi\u00e9n a los sindicatos, expertos y asociaciones de usuarios a un di\u00e1logo participativo con informaci\u00f3n consolidada que procure resguardar el equilibrio econ\u00f3mico que brinde la necesaria sustentabilidad de la pol\u00edtica y que respete, asimismo, el car\u00e1cter asim\u00e9trico de las regulaciones, toda vez que entre operadores conglomerales y pymes \/ cooperativos hay enormes diferencias de recursos y capacidades. Se trata, en definitiva, de la intervenci\u00f3n del Estado en la fijaci\u00f3n de reglas seg\u00fan tipo de prestaci\u00f3n, aportando transparencia, previsibilidad y factibilidad y cuidando los equilibrios necesarios para el desarrollo del sector TIC y la garant\u00eda del derecho humano a la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n Las asociaciones de Carreras de Comunicaci\u00f3n de nuestro pa\u00eds, REDCOM<\/strong> y FADECCOS<\/strong>, saludamos la reglamentaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n b\u00e1sica universal en la forma de implementaci\u00f3n del plan b\u00e1sico universal y sostenemos la necesidad de una pol\u00edtica integral de comunicaciones convergentes definida a partir una participaci\u00f3n social plural y diversa. Trabajar en la ampliaci\u00f3n de derechos a la comunicaci\u00f3n es garant\u00eda para el pleno desarrollo de un sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n